viernes, 15 diciembre, 2017 | 20:30
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Vidal en una encrucijada: proyecto habilita a empresas de otras provincias a hacer obra pública

Un proyecto deja abierta esa posibilidad. "Nos terminará ahogando", advierten en la Cámara de la Construcción.

Los empresarios de la construcción de la provincia de Buenos Aires están que trinan con el proyecto de ley de obra pública que redactó el Ejecutivo bonaerense y que la Legislatura intentará aprobar en marzo.

Es que esa ley no pone ningún tipo de restricción sobre el origen de las empresas que pueden operar en el territorio provincial. Y, como refiere la máxima del derecho, lo que no está prohibido expresamente, está permitido.

En el Ejecutivo consideran obsoleta e inadecuada la ley actual de obra pública que ya tiene más de 50 años. Para los funcionarios del gobierno de Vidal termina siendo una traba a la hora de avanzar con el plan de infraestructura.

El oficialismo en la Legislatura bonaerense tiene todo listo para aprobar el proyecto apenas comiencen las sesiones ordinarias del próximo año. El texto ya pasó por la comisión de Obras Públicas y el despacho tiene 13 firmas.

“Habilitaron el ingreso de empresas de otras provincias con la excusa de acelerar los tiempos de adjudicación y los controles del Estado. Estamos de acuerdo en esos puntos, pero sin dudas la entrada de constructoras de otras provincias nos terminará ahogando”, dijo un empresario de la construcción de La Plata que aceptó hablar en off the record.

El planteo que hacen es concreto: Las constructoras de la provincia de Buenos Aires no pueden licitar en ninguna otra provincia. En tanto, las empresas de todo el país van a poder licitar obra pública en el territorio bonaerense. “Esto nos lleva a la quiebra”, dicen.

Desde el bloque Cambiemos son determinantes. “La ley está lista para ser aprobada y tiene el respaldo de la oposición. Solo la modificaremos si Vidal nos pide que lo hagamos”, dicen.

El proyecto fija un marco legal integral para los contratos que se firmen entre el Poder Ejecutivo o las empresas y sociedades del Estado para la construcción de bienes inmuebles, los trabajos que modifiquen el terreno o el subsuelo y las tareas de reforma, ampliación, reparación, recuperación y conservación.

La norma propone modificaciones de fondo en el actual sistema con dos objetivos centrales. En primer lugar, acortar los plazos de licitación, adjudicación e inicio de obras. Según estimaciones de los funcionarios del área, hoy con la actual legislación entre que se inicia el trámite para una obra y se coloca “el primer ladrillo” se demora un lapso de entre 10 y 12 meses. La idea es reducirlo tanto como sea posible.

Fuente: LPO

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