viernes, 20 septiembre, 2019 | 13:40
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Tras el dólar, la batalla central es la inflación

por Rosendo Fraga.

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El lunes 10 de agosto se cumplieron seis meses de la derrota del oficialismo en las PASO. Ha sido un semestre en el cual el gobierno se ha deteriorado fuertemente en lo político, económico y social. En el primer ámbito, las elecciones legislativas del 27 de octubre confirmaron la derrota anticipada por las PASO. La enfermedad de la Presidente sumó un factor de incertidumbre política que no se resolvió claramente con su retorno al ejercicio de sus funciones en noviembre. El gabinete, reorganizado con la designación de un nuevo Jefe de Gabinete (Capitanich) y un nuevo ministro de Economía (Kicillof) a fines de ese mes, se desgastó rápidamente por la crisis social que estalló en diciembre y la devaluación y su efecto inflacionario en enero. Al comenzar febrero el oficialismo cree haber logrado contener la salida de dólares, pero enfrenta una situación muy difícil con la inflación que intenta controlar. Esta actúa sobre una situación social difícil. De acuerdo al INDEC, el 50% de los asalariados -en su mayoría informales- cobra menos de 4.500 pesos por mes; con el aumento del mínimo jubilatorio a 2757 pesos, las tres cuartas partes de aquellos que lo cobran quedan en esta cifra; los planes sociales (Asignación Universal por Hijo, Plan Argentina Trabaja, etc.), que llevan varios meses sin actualizarse, hacen que el sector de menos ingresos se encuentre en situación crítica. Es sobre esta parte de la población que el aumento de la inflación, y en particular de los alimentos, puede desatar situaciones de violencia y descontrol. El gobierno lo sabe y por eso el secretario de Seguridad (Berni) dijo que “el año va a ser muy conflictivo en piquetes”. La puja salarial es un factor relevante, pero opera sobre los trabajadores formales que están representados por los sindicatos, donde el promedio salarial se aproxima a los 6.000 pesos.

El pasado 6 de febrero se cumplió un cuarto de siglo del estallido del “Plan Primavera” que precipitó la renuncia anticipada de Alfonsín en 1989. Ello sucede cuando un dirigente justicialista como Jorge Yoma -que apoya la candidatura de Scioli- dice que el gobierno debe irse, un sindicalista opositor como Luis Barrionuevo sostiene lo mismo y el ex Presidente Eduardo Duhalde plantea que la Presidenta no terminará su mandato. Desde una perspectiva política contraria, el Kirchnerismo denuncia que los problemas económicos son generados para desestabilizar al gobierno e impedir que la Presidenta termine el mandato, los intelectuales oficialistas mediante el grupo “Carta Abierta” dicen que está en marcha un “golpe” y el gobernador más kirchnerista (Uribarri) afirma que no van a ceder “frente a quienes quieren desestabilizar al gobierno y la democracia”. La mencionada crisis de 1989, al igual que la de 2001 que originó la renuncia de De la Rúa, muestra que la combinación de una derrota en la elección legislativa con un descontrol económico es lo que en Argentina puede llevar que un Presidente abandone el poder anticipadamente y que es la violencia social en las calles el detonante de ello. Desde esta perspectiva, retomar el control de la economía es la clave para que el oficialismo no pierda el control político y evite la violencia social. El oficialismo realizó el “apagón de consumo” con militantes kirchneristas el viernes 7, con apoyo de sindicatos oficialistas, “escraches” a empresarios y comerciantes acusados de subir precios y presiones a consumidores para que no compren, pero no tuvo seguimiento en la gente.

El oficialismo redobla la apuesta y pasa a la ofensiva a partir de las declaraciones de la Presidenta del martes 4, en las que afirmó que “intentan derrumbarme, se equivocan”. En la misma oportunidad atacó a empresarios y banqueros por aumentar precios y sacar dólares del país y criticó hasta al líder del sindicalismo oficialista (Caló) por decir que “hay gente que no está pudiendo comer”. En los tres días siguientes decidió respaldar al Vicepresidente (Boudou) frente al pedido del fiscal para que sea citado a indagatoria por la causa Ciccone, alineando al oficialismo -aunque con sugestivos silencios como el de Scioli- detrás de la afirmación de Capitanich de que el Vicepresidente sufre un “linchamiento mediático”; dio a La Cámpora el control del plan “Progresar”, la apoyó para que mantenga bajo su control la pauta publicitaria oficial y el Fútbol para Todos -desplazando de su manejo a Marcelo Tinelli-, y apoyó que dos de sus dirigentes (Álvarez y de Pedro) ingresen al Consejo de la Magistratura para tomar su control. La señal ha sido clara: frente a las dificultades la Presidenta se recuesta en el llamado “Kirchnerismo puro” y se aleja del Peronismo.

Los conflictos con las provincias y el rol que puede tener el Papa en la crisis argentina son dos situaciones que contemplan tanto el oficialismo como la oposición. Los ministros de Economía de 16 provincias han comenzado a reunirse sistemáticamente para determinar posiciones comunes en temas como salarios y deuda, anticipando un rol político más importante de los gobernadores si la crisis se complica. Mientras media docena de provincias ha comenzando planes de ajuste y el gobernador opositor de Corrientes ratificó que emitirá bonos provinciales para pagar salarios, las provincias petrolíferas rechazan la pesificación de las regalías que el gobierno nacional ha impuesto de hecho. Frente a los riesgos que enfrenta la Argentina, el Papa en la segunda semana de enero envió el mensaje de que sería conveniente reestablecer la “Mesa del Diálogo” que funcionó durante la crisis de 2001 y 2002. Ni el Gobierno ni la oposición parecieron escuchar el mensaje y en cambio se hizo pública una gestión para que recibir el 19 de marzo a la entidad empresaria más próxima al gobierno (UIA), a un dirigente sindical oficialista (Martínez) y al ministro de Trabajo (Tomada). El Papa hizo desmentir la entidad que se le pretendió dar al encuentro y mantendrá a la Comisión de Pastoral Social del Episcopado como el instrumento de la Iglesia para reestablecer la mencionada Mesa de Diálogo.

En conclusión: a seis meses de la derrota en las PASO, el oficialismo ha sufrido un fuerte deterioro político y económico, con una situación social en riesgo por el aumento inflacionario; a veinticinco años del estallido del “Plan Primavera” que precipitó la renuncia de Alfonsín, está claro que la combinación de derrota electoral con descontrol económico es el riesgo que enfrenta el Gobierno; pero frente a esta situación, la Presidente “redobla la apuesta” con un discurso agresivo y apoyándose cada vez más en los sectores más radicalizado de su coalición, como es La Cámpora; por último, los gobernadores ven la evolución de la situación con preocupación, lo mismo que la Iglesia Católica, con el Papa siguiendo atentamente la situación pero sin intervenir directamente.

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