viernes, 25 mayo, 2018 | 23:17
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La crisis social como eje de la política

por Rosendo Fraga.

Crédito: NA

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Argentina vive una crisis social pero con el gobierno manteniendo la iniciativa política y la economía agravando sus problemas, aunque sin quedar fuera de control. En lo político, si bien la Presidenta en la encuesta de Managment & Fit publicada el domingo 15 de diciembre ha perdido una decena de puntos de aprobación en su gestión a raíz del manejo de la mencionada crisis social, mantiene el control del Congreso, como lo muestra el hecho de que, incorporados el 10 de diciembre los nuevos senadores, pueda lograr el controvertido ascenso del general Milani a Teniente General. La imagen de la Presidenta bailando el 10 de diciembre en la fiesta que conmemoraba los 30 años de democracia cuando los muertos pasaban la decena y los saqueos se extendían es uno de los factores que explica la caída. La crítica entre los gobernadores e intendentes del Peronismo se intensifica, pero no la hacen públicamente y la mayoría de ellos mantienen el alineamiento formal con el gobierno nacional pese al costo que están sufriendo. En la economía se acumulan los problemas sin resolver y la inflación se acelera, lo cual agrava la crisis social, pero el gobierno está logrando contener la fuga de divisas acordando la entrada de dólares con empresas como Chevron y las cerealeras. La crisis social se asemeja cada vez más a las vividas en 1989 y 2001, pero el gobierno está más sólido en lo político y económico que entonces.

En las dos oportunidades mencionadas, la crisis se precipitó en lo económico y de ahí se trasladó a lo social y político; en cambio ahora es la crisis social la que genera consecuencias económicas y políticas. El país ha vivido la huelga policial más extendida de su historia, participando en ella policías provinciales en 21 de 24 distritos, lo que implicó más del 90% de los 200.000 policías provinciales. El servicio penitenciario -que custodia las cárceles- entró en huelga en 2 provincias (Chaco y San Luis). Mujeres de gendarmes protestaron frente a la Dirección de Gendarmería y el Escuadrón Móvil de Campo de Mayo. El salario inicial de los policías provinciales ha quedado en 8.500 pesos, por encima del que cobran los 80.000 hombres de las Fuerzas de Seguridad Federales (Gendarmería, Prefectura, Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal) y el gobierno les aumentará en estos días. El salario de los 70.000 hombres de las Fuerzas Armadas es el que ha quedado más rezagado en este contexto.

Sumados los penitenciarios, los uniformados son aproximadamente 400.000, con una cantidad de retirados aún mayor. Los saqueos en cantidad han superado los de 1989 y 2001 y se teme se repitan en los próximos días, especialmente a partir del 19 de diciembre. El tercer eje del conflicto social recién ha comenzado y es el reclamo de aumento de los sindicatos. El gobierno esperaba cerrar las paritarias del año próximo en 18% de aumento y ahora los gremios piden adelantarlas en base a reclamos del 30% y bonos de cifra fija al finalizar el año. Córdoba tuvo la semana pasada paro de estatales, el que se repetirá en el ámbito nacional durante la semana que se inicia. Pero cabe recordar que el 70% tiene salarios menores a los 6.000 pesos y 50% por debajo de 4.000 y ello incentivará nuevos reclamos. De acuerdo al INDEC, uno de cada cuatro integrantes de la fuerza laboral -formal e informal- trabaja en el estado y esto potencia el problema. Los hospitales de 11 provincias ya pararon la semana pasada y el gremio de camioneros lo hará en los próximos días si no se le otorga un bono de 4500 pesos. La crisis social genera así un fuerte impacto sobre la economía.

Frente al conflicto social, la respuesta del gobierno es politizarlo, denunciando un intento de desestabilización de tipo golpista. La idea de la Presidenta es asimilar las huelgas policiales al motín policial que sufrió el presidente Correa en Ecuador, al que manipuló transformándolo en supuesto intento de golpe de estado. Cristina Kirchner más de una vez dijo públicamente que dicho motín, así como las destituciones de los presidentes Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay, eran los golpes de estado modernos en América Latina. Durante la semana pasada, la Procuraduría General de la Nación creo un grupo de fiscales especiales para que investiguen durante 60 días prorrogables los delitos para “alterar el orden constitucional” con motivo de las huelgas policiales y los saqueos; el lunes pasado fue detenido el editor de un portal de Internet en Santiago del Estero, acusado de incitar saqueos; un concejal de Massa (Baratta) -que es policía retirado- fue acusado de sedición por los fiscales; 9 policías tucumanos han sido acusados del mismo delito por su participación “mediática” en los saqueos y el gobierno ha instado a los gobernadores a hacer lo mismo; la Presidenta ha dicho que deben ser identificados y castigados los “autores intelectuales” de las huelgas policiales y los saqueos. El Jefe de Gabinete (Capitanich) -cada vez más alineado con el Kirchnerismo “duro” y condicionado por él- ante los intelectuales que integran “Carta Abierta” expuso el sábado la interpretación del oficialismo: llamó a “democratizar las policías y las fuerzas de seguridad”, establecer el “control popular” de ellas y sostuvo que “están al acecho quienes no quieren la democracia”, acusando de esta actitud a “los grupos corporativos y vestigios de la dictadura”. El Kirchnerismo, como es su constante, “redobla la apuesta” cuando su poder se deteriora.

Pero esta interpretación política forzada debería reparar en lo sucedido en Córdoba, que puede anticipar situaciones que podrían extenderse si no se las atiende adecuadamente. Además de haber tenido lugar un millar de saqueos de comercios de distinta magnitud, fueron saqueados 2500 domicilios particulares, algo que no sucedió en 1989 y 2001. En esta provincia fueron detenidos durante los saqueos 300 personas y un centenar por vender en Facebook lo robado. Fue la primera provincia en la que entró en huelga la policía y tuvieron lugar los saqueos en forma generalizada y en ello influyó la demora del gobierno nacional en enviar la Gendarmería. Pero también es la primera en la cual los estatales han entrado en huelga, reclamando un aumento similar al de la Policía.

No es la primera vez en la historia que Córdoba anticipa o detona crisis políticas en Argentina.

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