miércoles, 23 enero, 2019 | 19:16
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El gobierno comienza a debatir la reestatización de la petrolera YPF


El Ejecutivo nacional y las cinco petroleras que operan en el país atraviesan un momento de tensión desde que, el pasado 16 de enero, Argentina acusó a Repsol YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil de cometer supuestos sobreprecios en la venta de gasoil a las empresas de transporte de cargas y pasajeros.

El gobierno de Argentina comenzó a debatir la renacionalización de la petrolera de bandera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), controlada desde 1999 por el grupo español Repsol, anuncia hoy el diario Página 12, de buena sintonía con la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“En reuniones con gobernadores de provincias petroleras ya se plantea la alternativa de volver a una empresa estatal, desde la extracción de petróleo hasta la comercialización. La bandera de la renacionalización de YPF vuelve a asomarse en el horizonte”, publica el matutino, cuyo título de tapa es “Petropúblicas o Petroprivadas”.

El artículo, que en ningún momento menciona a Repsol, sino que se refiere a YPF, agrega que “legisladores, especialistas y también funcionarios de primera línea participan de un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, la renacionalización de YPF”.

Página 12 asegura que el gobierno accedió a informes en los que se comprueba que “la caída en el esfuerzo de inversión para mejorar la producción de la empresa viene de hace por lo menos dos años”.

El gobierno de Fernández de Kirchner y las cinco petroleras que operan en el país atraviesan un momento de tensión desde que, el pasado 16 de enero, Argentina acusó a Repsol YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil de cometer supuestos sobreprecios durante la venta de gasoil a las empresas de transporte de cargas y pasajeros.

La Casa Rosada denunció que las empresas cobran el gasoil a granel un 8,4 por ciento más caro que el que se comercializa en los surtidores, lo que genera una distorsión que alcanzaría a 3.500 millones de pesos argentinos anuales (811 millones de dólares estadounidenses).

Dos días después, YPF, cuyo paquete accionario está dividido en un 58 por ciento en favor de Respol y otro 25 por ciento para el Grupo Petersen (propiedad del empresario argentino Enrique Eskenazi), emitió un comunicado en el que rechazó la acusación del gobierno.

“YPF rechaza de plano la denuncia formulada por autoridades del gobierno nacional y está a disposición, como siempre, para brindar las explicaciones que les sean requeridas por cualquier autoridad”, indicó la compañía.

Al día siguiente, el 19 de enero, el Poder Ejecutivo redobló su pulseada contra la empresa española cuando el vicepresidente Amado Boudou advirtió a Repsol que su gobierno no permitiría “la discriminación de precios” y que seguiría “enfrentando con su cara más seria a las corporaciones”.

“Repsol: no vamos a permitir la discriminación de precios en la República Argentina”, advirtió Boudou. Repsol-YPF cuenta con un dominio del mercado argentino del 65 por ciento, Shell del 20 y Esso del nueve, mientras que el resto de las compañías se reparten el seis por ciento restante.

El conflicto se agravó el miércoles pasado cuando, en su reaparición luego de la tiroidectomía a la que había sido sometida el 4 de enero, Fernández de Kirchner dedicó parte de su discurso a las petroleras y pareció apuntar directamente contra Repsol YPF al recordar que “el subsuelo es de los argentinos y está concesionado”.

Al día siguiente, el ministro de Planificación, Julio De Vido, repitió a través de la agencia estatal Télam el reclamo para mayor inversión de las petroleras. En las últimas horas, la agrupación oficial La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, hijo de la presidenta, pegó cientos de afiches sobre las paredes de Buenos Aires pidiendo por la nacionalización de YPF.

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