martes, 20 febrero, 2018 | 18:04
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El Congreso dio otro paso para endurecer penas a terroristas y sus financistas


Los diputados que integran las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas dieron dictamen para modificar dos artículos clave que ahora castigarán a responsables de delitos con la finalidad de aterrorizar a la población. Polémica por el rol de la “protesta social”

Crédito foto: Télam

El acto terrorista se configura ante la existencia de una asociación ilícita terrorista y que requiere una organización basada en redes internacionales, hasta hoy, ya que las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas de Diputados sacaron un dictamen modificando dos artículos del Código Penal.

La iniciativa prevé la creación de un agravante específico de las penas para aquellos responsables de actos delictivos que se cometan con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

El pedido de cambio fue realizado por el Gobierno nacional a través del paquete de leyes que ingresó hoy al Congreso para las sesiones extraordinarias. El ministro de Justicia, Julio Alak, fue el encargado de argumentar a favor de las reformas.

Las tipificaciones penales son delitos vinculados al lavado de dinero de ilícitos y al terrorismo, y que forman parte de un compromiso de la Argentina con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Al cierre de la reunión Alak destacó que “estamos convencidos de que este es el mejor proyecto que se puede elaborar desde el Ejecutivo sin afectar la vigencia plena de los derechos humanos y las garantías constitucionales”.

Una de las iniciativas suma como figura delictiva el uso de información privilegiada y la manipulación de valores negociables a la lucha contra el lavado de dinero, y la otra aumenta las penas para el financiamiento de actividades terroristas.

El proyecto incluye como agravante, dentro del artículo 41 del Código Penal, las penas para el terrorismo para que queden comprendidos aquellos delitos de intimidación que tengan como finalidad aterrorizar a la población, al Gobierno y a organizaciones nacionales o internacionales.

La polémica entre los legisladores surgió a partir de la falta de definición de “terrorismo” y los alcances de la “protesta social”. En este punto, Alak dijo que “la definición alcanzada nos parece la mejor y la que menos consecuencias puede tener sobre la garantía de la protesta social”.

“Nosotros no queremos criminalizar la protesta social, por herencias duras que tenemos de los años 70, algo que hace que debatir terrorismo en Argentina sea muy complejo”, expresó.

El nuevo tipo penal de financiamiento del terrorismo prevé penas de 5 a 15 años de prisión para el que “recolectare o proveyere fondos para la comisión de los delitos, con la finalidad específica antes referida”.

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