domingo, 16 diciembre, 2018 | 21:26
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El acuerdo con Irán y el conflicto con la Justicia

por Rosendo Fraga.

rosendo-fragaEl acuerdo con Irán se ha transformado en el tema de política interna más relevante en la segunda quincena de febrero. La política es imprevisible. La idea del gobierno era transformar a Malvinas y el nacionalismo como el eje de la política exterior para ganar popularidad. Pero el acuerdo con Irán -cuyo impacto político parece ser hoy más relevante que Malvinas- pone en el centro de la escena no sólo un tema que alinea a la oposición en contra del gobierno, sino también a una parte de sus propios votantes. La comunidad judía en Argentina tiene un peso importante en la opinión pública y en particular en la clase media y ello disminuye el apoyo al gobierno en dicho sector, el que se viene debilitando desde comienzos de 2012. A ello se agrega que surgen nuevos datos sobre la vinculación con Irán en momentos que este país se encuentra aislado internacionalmente por su plan nuclear. La posibilidad de triangular tecnología militar a través de Venezuela es una de esas vinculaciones, al igual que el apoyo dado por el gobierno iraní al argentino en los organismos financieros internacionales. El oficialismo cree que tendrá los votos -aunque ajustadamente- para lograr la media aprobación en el Senado y rápidamente tratará de llevar el proyecto la semana siguiente a Diputados para que lo trate en Comisiones el 26 de febrero y al día siguiente en la Cámara. Para ese mismo día, organizaciones de la comunidad judía y la oposición política y sindical proyectan preparar una marcha de protesta contra el acuerdo, cuyos alcances hoy todavía son difíciles de prever. Al mismo tiempo, quienes se oponen al acuerdo contemplan la alternativa de llevar el cuestionamiento ante la Suprema Corte, algo que puede profundizar el enfrentamiento del Ejecutivo con ella.

Para el oficialismo el conflicto con la justicia es el más relevante en materia de política interna. En la visión del cristinismo, la justicia es la responsable de que el gobierno haya sido derrotado frente al Grupo Clarín el 7D y ante la Sociedad Rural Argentina en el intento de expropiación de su predio y ahora incluso puede poner en riesgo la vigencia del acuerdo con Irán. El primero paso en la ofensiva contra el Poder Judicial ha sido la elección de autoridades en el Consejo de la Magistratura, que juzga a los jueces y propone su designación al Senado. No sólo la Presidencia sino también todas las comisiones han quedado en manos del oficialismo, que tiene mayoría aunque no los dos tercios necesarios para las decisiones más importantes. El segundo paso ha sido el proyecto para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, algo que busca descolocarlos ante la opinión pública. El tercero es un proyecto para hacer obligatorios los concursos para todas las designaciones judiciales e impedir que se designen familiares. Estos tres pasos preparan el terreno para el cuarto, que es el crucial: hacer obligatorio que todos los jueces rindan examen cada cinco años ante el Senado, hoy controlado por el oficialismo. Se trata de una iniciativa que va contra el artículo de la Constitución que establece la inmovilidad de los jueces, pero que el oficialismo defenderá argumentando que ello es mientras dure su buena conducta.

A la radicalización en la política exterior que implica el acuerdo con Irán y en lo interno la ofensiva contra justicia, se agrega el giro en la misma dirección que implica el congelamiento en la economía. Esta decisión confirma una vez más que frente a los problemas económicos la respuesta de Cristina Kirchner siempre es responder con más Estado. El congelamiento se extendió de los alimentos a los útiles escolares y avanza en la educación privada y la medicina prepaga. La prohibición de hecho de publicitar en los diarios ha sido otro paso en la misma dirección, como ahora lo es la extensión del congelamiento a los proveedores. Todo ello sin que exista ley del Congreso, decreto del Poder Ejecutivo Nacional o resolución ministerial que lo establezca. El escenario probable es que este congelamiento de hecho se extienda en el tiempo más allá del 1 de abril y a más sectores. La reacción del campo de postergar la venta de la soja en función de la expectativa de devaluación y la oposición al gobierno, hace que dentro del mismo se discuta si la respuesta es desdoblar el tipo de cambio o avanzar hacia la estatización del comercio exterior. La asamblea de productores realizada por la Comisión de Enlace en Pehuajó muestra que crece en el campo la disposición hacia nuevas protestas.

Pero es en lo social donde la ideología del gobierno muestra su mayor contradicción. La intención del gobierno de mantener los acuerdos salariales por debajo del 20% ya ha fracasado. El aumento impuesto a los docentes del 22% y la falta de acuerdo hará que en varios distritos no comiencen las clases el lunes 25 de febrero. La decisión del gobierno fue rechazada por el gremio docente (CTERA), alineado con el kirchnerismo. La CGT oficialista, que tiene al titular del gremio metalúrgico (Caló) como secretario general, se aleja cada día más del gobierno y se acerca al sindicalismo opositor. El martes 19 el gremio de camioneros realiza una marcha hacia el Ministerio de Trabajo reclamando el encuadramiento de los trabajadores de logística de la cadena de abastecimiento comercial Maxiconsumo; el 7 de marzo la CGT oficialista hará un plenario para presionar al gobierno por los reclamos no satisfechos y el 14 del mismo mes el sindicalismo opositor, liderado por Moyano y Micheli, realizará una movilización reclamando contra el límite que el gobierno trata de imponer a la negociación salarial. Pero el viernes 22 de febrero se cumple un año de la tragedia ferroviaria de Once, el hecho que quizás marcó el punto de inflexión en contra del gobierno tras la reelección de Cristina. Los familiares de los muertos han convocado una marcha pidiendo justicia hacia la Plaza de Mayo, de la que parecen dispuestos ha a participar quienes desde las redes sociales convocaron el 13S y el 8N.

En conclusión: el acuerdo con Irán genera cada día más costo político interno y externo al gobierno, pese a lo cual el oficialismo, como en todo, redobla la apuesta; lo mismo sucede con las iniciativas para terminar con la independencia de la justicia, que ha pasado a ser el primer enemigo del kirchnerismo, aún antes que el Grupo Clarín; en la política económica el gobierno también se radicaliza, respondiendo con mayor intervención estatal frente a problemas crecientes; por último, la contradicción más importante se plantea en lo social y en particular con los sindicatos, que se enfrentan con el gobierno por la política salarial.

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