martes, 25 septiembre, 2018 | 0:18
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Cristina y las contradicciones del plan “democratizador” de la Justicia

Por Christian Sanz.

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Poner a la Justicia a los pies del poder político.

Finalmente, Cristina dijo lo que se preveía: “Quiero una Justicia democrática, no corporativa, sabiéndose que es parte del Estado y que debe aplicar la Constitución”. Esa frase, pronunciada en el marco de la apertura de las sesiones legislativas de 2013, es parte de la tan mentada “democratización judicial” con la cual viene amenazando en los últimos meses la mandataria.

Con inusual soberbia, la Presidenta anticipó que impulsará una batería de medidas tendientes a modificar de raíz el sistema de Justicia argentino, comenzando por el siempre polémico Consejo de la Magistratura, el cual —dicho sea de paso— fue cooptado por el mismo kirchnerismo hace poco más de seis años.

“La propuesta va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo sean elegidos por el pueblo”, aseguró. ¿Sabrá Cristina que solo unos pocos países permiten la elección popular de magistrados, sistema tan proclive al fraude?

A saber: en algunos cantones de Suiza y unas pocas municipalidades francesas los jueces son votados por la ciudadanía. Luego, en Perú, Venezuela y Colombia esa modalidad se aplica solamente a los jueces de paz. Ergo, lo que no funcionó en otros países, ¿por qué sería útil en la Argentina?

Independientemente de esto último, hubiera sido productivo que alguno de los hoy concurrentes al Congreso Nacional le hubiera explicado a Cristina que sus intenciones chocan de frente con el artículo 114 de la Constitución Nacional. Allí se explica que el Consejo de la Magistratura solo puede ser regulado “por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”, la cual “tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”.

En fin, la mandataria siguió avanzando en su capricho y anticipó que se ramificará la instancia de Casación, creando una Cámara en lo Civil y Comercial, una en lo Contencioso y Administrativo, y en lo Previsional, además de la existente. La medida es un claro castigo al fuero Civil y Comercial luego de que la Cámara Federal extendiera un amparo en beneficio del grupo Clarín.

Para que no quedaran dudas al respecto, Cristina armó toda una exposición contra las medidas cautelares, a las que acusó de haberse “transformado en una verdadera distorsión del derecho, en una fuente de inequidad y denegación de administración de justicia”.

Parece olvidar Cristina que ella misma utilizó ese recurso en más de una oportunidad, una de las últimas ocasiones fue en septiembre de 2010 a efectos de que los directores del Estado pudieran seguir participando de las reuniones de Papel Prensa. ¿Por qué en ese momento estaba bien apelar a las herramientas cautelares y ahora no?

Las contradicciones de la Presidenta no se limitan a las acciones de su propio gobierno, sino también a la demora en entender que en algún momento había que hacer cambios en la Justicia. Por caso, ¿recién ahora, luego de diez años, Cristina descubre que deben “democratizarse” los jueces?

No es mala la idea de la jefa de Estado, solo que debería aplicarse a otro fuero: el Federal. Allí es donde hace agua el sistema judicial, de la mano de exponentes como Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y María Romilda Servini de Cubría, entre otros. ¿Por qué jamás Cristina habla de esos escandalosos magistrados? ¿Será acaso porque estos saben sobreseer a sus principales funcionarios en el marco de los casos de corrupción más escandalosos de las últimas décadas?

De esas cosas no habla la Presidenta… ni tampoco nadie le pregunta al respecto. Es bien cierto que se trata de una realidad incómoda, pero es una realidad al fin.

Si, como dice Cristina, lo que se busca es la “transparencia total del poder público”, no puede faltar en su discurso un capítulo referido a los jueces federales argentinos.

Por otro lado, sorprende el énfasis que la mandataria le pone a la “democratización” de la Justicia sin hacer el mismo esfuerzo en buscar la “democratización” del poder político, sobre todo aquel que integra el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué un juez debe ser observado por haber fallado contra los intereses del Gobierno y nada ocurre con los ministros y secretarios que aparecen vinculados a millonarios desaguisados?

Finalmente, Cristina advirtió que impulsará la presentación de declaraciones juradas por parte de los jueces. “Por internet se debe poder tener acceso a las declaraciones de todos los funcionarios de todos los poderes del Estado. Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mí, quiero saber, tengo derecho a saber”, agregó, al tiempo que lanzó un curioso mensaje a los legisladores allí presentes: “Si a ustedes les cuentan las costillas a todos, cuántas veces vinieron, cuántas veces hablaron, cuántas sonrieron (también es necesario saber) cuáles son los expedientes que tienen los jueces y los tiempos en los que se tratan”, advirtió.

¿Cómo equiparar a quienes representan al pueblo, como son los diputados y senadores, con un poder independiente como el judicial?

El desconocimiento de Cristina a lo largo de su extenso discurso, sorprendió a propios y ajenos. Quien mejor lo graficó fue Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La elocuente preocupación gestual que demostró a lo largo de la diatriba presidencial, dijo más que cualquier mensaje verbal directo.

Si bien el magistrado sabía que ocurriría lo que hoy sucedió, jamás imaginó que la verdad superaría sus peores especulaciones. “Se requieren reglas para cuando gane y cuando pierda, para cuando uno esté en el poder o cuando lo deje, cuando sea poderoso o sea débil”, advirtió hace apenas unos días, en el marco de la apertura del año judicial. La realidad lo pasó por encima.

La embestida que se avecina contra el poder judicial no es nada auspiciosa. Solo basta recordar las palabras de Cristina en los días en los que se reformó el Consejo de la Magistratura, en el año 2006. Al igual que hoy, Cristina juraba que esa modificación redundaría en mayor independencia de los jueces.

No solo ello nunca ocurrió, sino que hoy la propia jefa de Estado terminó impulsando un cambio a una institución que el propio kirchnerismo ya había reformado.

Y un revelador dato final: el 42% de los jueces nacionales y federales fueron puestos por el oficialismo de turno a lo largo de los últimos nueve años.

Como dijo alguna vez el oportuno Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad”.

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