domingo, 24 septiembre, 2017 | 18:01
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La necesidad de dólares y la pelea con Clarin, motores de la nueva ley de telecomunicaciones

José Luis Rodríguez Zarco, vicepresidente de Telefónica, el hombre clave detrás de la norma.

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Este viernes el Gobierno se asomaba al horror de tener que dar por fracasada la licitación del 4G, que había anunciado con bombos y platillos como la oportunidad de recaudar u$s 2.000 millones que las telefónicas debían aportar, según disponen los pliegos.

Como anticipó en su momento LPO, esta exigencia fue olímpicamente ignorada por las telefónicas que muy conscientes de la desesperación de la Casa Rosada por hacerse de divisas, dejaron en claro que sólo iban a entregar pesos, tensando la cuerda al extremo.

Esta licitación fue presentada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su último informe en el Senado, como una de las balas de plata del Gobierno para llegar a fin de año con un stock de reservas razonable. El chaqueño no hizo otra cosa que repetir la promesa de Axel Kicillof y el camporista secretario de Comunicaciones, Norberto Berner a Cristina, cuando la convencieron de la conveniencia de rematar este recurso estratégico, haciendo caso omiso a propios dictámenes sobre el riesgo de monopolio que representan Telefónica y Telecom, ambas propiedad de Telefónica de España.

Desesperación oficial que fue hábilmente aprovechada por “El Gallego” José Luis Rodríguez Zarco, el hombre fuerte de Telefónica argentina, quien subió la apuesta y sugirió que los dólares podían aparecer si les entregaban uno de los últimos botines: La posibilidad de ser proveedores de servicios audiovisuales.

Fuentes del mercado afirmaron a LPO que la ley anunciada hoy por Kicillof y Berner en realidad fue prácticamente escrita por este ejecutivo español, que venía protagonizando un público viraje al kirchnerismo con habituales incursiones radiales en el programa de Víctor Hugo Morales y otros espacios kirchneristas.

La movida no era menor. En los hechos significaba la claudicación del Gobierno ante uno de los sectores más concentrados del país, la muerte de la Ley de Medios y la desaparición fáctica del Afsca que vio en segundos evaporarse de su órbita regulatoria el corazón del negocio mediático de la Argentina.

Pero dólares son dólares. “Lo que hizo el Gobierno es sencillo, convirtió a las telefónicas también en cableras”, resumió la fuente a este medio. Con beneficios inmediatos: Telefónica ya no se verá obligada a desprenderse de Telefé y David Martínez, accionista de Telecom, podrá conservar sus acciones en Cablevisión.

Otro manotazo

Pero la voracidad del Gobierno no se detuvo en los prometidos dólares del 4G. El inquieto Berner, aprovechó el tumulto para quedarse con los 3.000 millones de pesos del Fondo para el Servicio Universal que descansaban en una cuenta del Itaú, como reveló este medio.

Este fondo creado años atrás pertenece en rigor a todos los usuarios que lo pagaron en sus facturas y se suponía iba a ser destinado a extender la red de telefonía a los lugares económicamente no rentables donde hoy no llega.

Como su uso debía ser decidido y fiscalizado por una comisión que además del Gobierno integraban universidades, las telefónicas y otros actores, se trataba de una opción poco tentadora para una administración acostumbrada a discutir consigo misma el uso de los recursos públicos.

Por eso, en la ley anunciada hoy se establece que el mismo ahora pasará a formar parte de un fideicomiso cuyo “patrimonio será del Estado Nacional”, según establece el artículo 21 de la nueva norma. Es decir, se consumó así una nueva transferencia de fondos públicos con asignación específica a la sabia discrecionalidad del kirchnerismo.

Voraces, pidieron además a las telefónicas que, ahora sí, les entreguen otra suma sideral: Unos 11 mil millones de pesos que corresponderían al retroactivo de este fondo, materia de viejas discusiones.

Caos creativo

La nueva estructura que plantea la ley, si bien acompaña las tendencias modernas de confluencia de tecnologías, lo hace de manera desordenada y dejando a la intemperie enormes interrogantes. Por ejemplo: ¿Quién regula ahora el sector que fusiona telefónicas y cableras? ¿El Afsca supuestamente autorizada sólo a ingerir en medios audiovisuales? ¿O la Secretaría de Comunicaciones pasó a tener por generación espontánea competencia sobre medios? ¿O acaso será la CNC?

Tanta desprolijidad no es nueva en el Gobierno y acaso anticipa un rumor que hoy circulaba en el mercado: Cristina se aproxima a la creación de un Ministerio de las Telecomunicaciones que fusione todas estas dependencias y absorba otros planes fragmentados por el Estado, como el Conectar Igualdad que maneja la Anses de Diego Bossio o el Argentina Conectada que todavía administra el superviviente devidista Luis Vitullo, con la encomiable tarea de extender por toda la república una red de fibra óptica del Estado. Para todas y todos.

Como era previsible, para conducir esta nueva mega estructura –si es que se termina concretando- suenan candidatos de La Cámpora, organización que ha logrado acumular a los más brillantes cerebros en materia de administración del Estado. Al menos para Cristina.

La lógica

La necesidad de dólares fue el disparador de la decisión. Pero la lógica que envuelve el proceso, no es otra que la pelea con el grupo Clarín. Lo que lastima a Clarín es bueno para el Gobierno, por ende es bueno para el país.

No importa que esta medida acentúe un duopolio de hecho, que hoy concentra más del 70 por ciento del mercado. El Gobierno de hecho ya venía desandando esos remilgos, cuando permitió a Telecom sumarse a la licitación del 4G, forzando un nuevo pronunciamiento de la Secretaría de la Competencia que contradijera lo que escribió hace poco menos de dos años cuando declaró desierta la anterior licitación por considerar que se estaba ante un monopolio.

Con una concesión por 99 años, las telefónicas ahora ven abrirse la oportunidad de brindar servicios audiovisuales, exigiendo además la ley a las cableoperadoras que les permitan usar sus redes. “Es una expropiación encubierta y sin indemnización”, se indignaban esta noche las cableras.

Es tan explícita la opción de Cristina por las telefónicas que lejos de regular para nivelar el mercado, lo hizo para acentuar los beneficios del sector más poderoso, al menos en términos de espalda financiera. Y lo hizo desconociendo un reciente fallo de la Corte Suprema que dejó en claro que las telefónicas no pueden brindar servicios de video. Lo que anticipa el futuro inmediato: Un nuevo capítulo judicial de una pelea que ya casi le consumió sus dos mandatos.

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