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La Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias

El máximo tribunal entendió que el régimen impulsado por el kirchnerismo afecta la independencia judicial. Los magistrados que fueron designados por la ley invalidada mantendrán su cargo por tres meses

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La noticia era esperada desde ayer, pero sorprendieron sus términos: con una sentencia unánime, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley que establece un polémico mecanismo para que el Consejo de la Magistratura pueda nombrar jueces subrogantes en los juzgados que por algún motivo estén vacantes.

El fallo fijó un régimen transitorio de designación de subrogantes, y también declaró la inconstitucionalidad del reglamento de designaciones de subrogantes del Consejo de la Magistratura y de todas las listas de conjueces proclamadas por ese organismo. Finalmente, invalidó la resolución de la Magistratura y el decreto presidencial que designaron a Laureano Durán como juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, y la designación de todos los jueces subrogantes nombrados en las mismas condiciones. El nombramiento de Durán había sido respaldado ayer por la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

La Corte sostuvo que la ley era inconstitucional porque afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional. Además, la ley establecía que los jueces subrogantes podían nombrarse por una mayoría inferior a la requerida para nombrar jueces titulares.

La Corte advirtió que en la actualidad aproximadamente un cuarto de los cargos de los tribunales nacionales y federales se encuentran vacantes en forma permanente y que, en los hechos, hoy la regla es designar un subrogante y la excepción nombrar a un juez mediante el procedimiento constitucional. El tribunal concluyó que la ley objetada permite que se conforme un cuerpo de conjueces cuyo nombramiento para un tribunal, o incluso para un caso concreto, es definido en forma discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura.

De este modo, los propios órganos a los que la Constitución Nacional les asigna la función de designar jueces no sólo no cubrieron, en tiempo y forma, el importante porcentaje de cargos vacantes sino que, además, dictaron normas por las que habilitaron a designar jueces al margen del procedimiento constitucional creando una justicia de excepción en la que no rige la garantía del juez natural ni de independencia judicial.

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